La Paz, ¿Ya NO es Posible?

 Luis Carlos Guerrero S

Aún retumban, frescas, en mis oídos las palabras Humberto de la Calle, jefe de la delegación de paz del Gobierno colombiano en la instalación de los diálogos de paz con las FARC–EP, en Oslo, Noruega: “Si las FARC aspira a realizar los cambios en el país tienen que sacar 9 millones de votos”, o sea, tienen que ganar las elecciones presidenciales. Y remató diciendo, “tienen que hacerlo desde la legalidad”.

En el mismo sentido se ha expresado, más de una vez, el presidente señalando que “la guerrilla no puede hacer políticas con armas”. Y si quiere hacer política tendría que convertirse en un movimiento político que ha dejado la lucha armada.

Precisamente el fallo proferido por el Procurador, disparado con una pistola con silenciador, destituyendo a Gustavo Petro, Alcalde de Bogotá es el mentís de la tesis de que se puede cambiar el país por la vía del ejercicio de la política sin armas. Y es una de las pruebas contundentes de que estamos enfrentados a una casta dirigente que no admite ningún tipo de políticas diferentes a las concebidas por ellos.

El mensaje que en verdad se le debiera decir al país, de parte de la oligarquía sería más exacto, sí los Santos, los Ordoñez, toda esta rancia oligarquía y su burocracia, dijeran: señores de la izquierda, está permitido denunciar, en determinados momentos, el orden injusto de cosas de esta sociedad; ustedes señores de la izquierda pueden hacer discursos políticos de oposición, siempre que los medios quieran difundirlos. Señores de la izquierda, aquí es constitucional y legal organizar partidos y agrupaciones políticas, que puedan participar de las elecciones cada determinado de tiempo, pero no se pueden cambiar las leyes ni las políticas establecidas, tienen que actuar en el marco de ellas.

También nos podrían decir, señores de la izquierda, no importa que cuando participen en las elecciones lo hagan en desigualdad de condiciones ante los empresarios de la política, las trasnacionales y el narcotráfico que financian a los partidos de siempre. Miren, señores de la izquierda, tienen participación en el Congreso y allí pueden presentar las iniciativas legislativas que quieran, pero como somos mayoría no las aprobaremos. Este sería el discurso realista, no uno lleno de mentiras.

Esta es su concepción de democracia estrecha, llena de trampas, de crímenes, sellada y cerrada, para que puedan ser protagonistas las mafias, los compradores de votos, los de las motosierras, pero en donde todos podemos elegir y ser elegidos, es la que la oligarquía difunde como el ejemplo a seguir y  se vanagloria diciendo que Colombia es “la democracia más antigua de América”. Y concluye autistamente, que por tanto, no hay razones ni fundamentos políticos ni ideológicos para la lucha revolucionaria guerrillera.

Precisamente el guerrerista fallo del Procurador -porque no se necesita de fusiles, ni tanques, ni bayonetas, para darle una puñalada a la paz-, acaba de decirnos a los colombianos, que está permitido participar del juego político, pero está absolutamente prohibido cambiar las políticas, que siembran de pobreza, inequidad social y de cero beneficio a la población, no se puede doblar el pescuezo a políticas expoliadoras, de saqueo y de corrupción. Nos preguntamos ¿cómo proporcionar calidad de vida a todos y todas en un país, una ciudad o un departamento sin afectar los privilegios y las políticas que le sustentan?

Para nosotros está claro que la oposición no es simplemente oponerse y no cambiar sustancialmente hacia el progreso, la libertad y la dignidad humana. También el derecho a disentir sería cojo  si se niega la opción de transformación que permite convertir el disentimiento en opción real alternativa y hacer cambios lleva a modificar el marco jurídico, que atornilla las injusticias y el estatus quo, lo demás sería quedarnos en mera palabrería como lo hace la oligarquía.

La base jurídica de la destitución del Alcalde de Bogotá, es por violar la legislación, valga decir, la legislación que privatizó el servicio de basuras en Bogotá y en todo el país, volviéndolo un negocio de las mafias liquidando el patrimonio público; porque violó la legislación que prohíbe darle empleo a los recicladores y dignificar su vida sacándolo de las garras de los comerciantes de basura, entonces se le acusa y se le manda a la calle a patadas y se pide que calle y no participe más en política.

El mensaje para nosotros los insurgentes guerrilleros es muy diáfano; la paz no son cambios verdaderos. La paz no es el derecho de participación política, efectiva y verdadera, para la insurgencia y todos los movimientos de izquierda. El ejercicio político de ser gobierno, meta de todo movimiento, mediante el cual podamos alcanzar y materializar los objetivos de un nuevo país y una nueva nación, que cambie la vida de los  humanos y las humanas tal como lo hemos propuesto para Colombia no se permite, lo único que es real es que queremos que abandonen la lucha política armada porque así, “todo será pan comido”.

Se trata de disfrazar la verdadera intencionalidad política: la paz es que todo siga igual, pero lo importante es que se le dé al país la impresión que todo va a cambiar. Lo sustancioso es dejar en el imaginario del país, que todo es susceptible de cambiar, pero sin tocar las estructuras infames, tramposas, corruptas, saqueadoras, criminales ni afectar las cadenas del privilegio y la mentira, la explotación y la impunidad.

Ese cuento que la insurgencia es la generadora de violencia,  hace tiempo perdió toda credibilidad y hoy se fue al fondo. Peló el cobre toda la dirigencia del país, pues el Presidente Santos, como todo santo, salió de una vez, conocido públicamente el fallo, a bendecir la destitución y la muerte política de alguien que es presidenciable; salió a echarle agua bendita a semejante tropelía diciendo que se debe acatar el fallo de la Procuraduría como si fuera justo. Muy bien lo dijo un ciudadano que fue entrevistado  el mismo día del fallo: “si destituyen a Petro no vuelvo a votar”. Y creemos que este colombiano, al igual que cientos de miles les quedará el camino de la indignación y la lucha armada revolucionaria ante el descreimiento en las instituciones y el orden político autoritario que es más una dictadura, que una democracia.

El objetivo lo es todo, es la máxima aquí aplicada, si no se pudo liquidar al opositor con un referendo revocatorio entonces usemos el arma jurídica de la liquidación, que fue lo hecho con la destitución e inhabilidad política por 15 años al alcalde de Bogotá. Con una pedrada mataron dos pájaros, pues sustraer la administración de Bogotá de la influencia de la izquierda es otro de los objetivos de la oligarquía y para eso no se detuvo en razones ética, política ni de soberanía popular.

Por ese camino del autoritarismo, la mordaza, el silenciamiento, el cierre a los cambios, la liquidación política del opositor y de las alternativas no se conduce un país a la paz. Ahora han pulido la maquinaria de la antidemocracia mediante la arbitrariedad de una institución y un inquisidor, recordamos que ayer sólo fue la metralla, el vil asesinato de dirigentes políticos, de candidatos presidenciales, de senadores, mediante las masacres y desplazamientos de miles y miles de pueblos y comunidades, que se atrevieron a pensar y optaron por el cambio desde la lucha política legal. El país nacional, ese que ha estado marginado del poder, lo tiene en su memoria. A la oligarquía ya no le basta con escrutar y elegir, ahora acude a destituir.